Estados Unidos: Licencia para matar

Marcelo Raimon, Proceso

WASHINGTON, 27 de mayo (apro).- Mientras el pasado miércoles 25 en Londres el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometía --junto al primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron--, “incrementar la presión” sobre el régimen libio, en Washington la Cámara de Representantes debatía intensamente la posibilidad de conceder al jefe de la Casa Blanca todavía mayores poderes para combatir al “terrorismo” en cualquier lugar del planeta.

El proyecto 1034 de la nueva ley de autorización de gastos para el ministerio de Defensa es tan ambigua, que hace posible la entrega al presidente de un permiso para llevar la guerra contra Al Qaeda donde sea, por lo que varias organizaciones de derechos civiles, como la American Civil Liberties Union (ACLU) lanzaron, por ahora sin suerte, una campaña urgente para presionar al Congreso.

El lenguaje legislativo que abre las puertas a la “worldwide war authority”, como la bautizó la ACLU, es impulsado por los sectores más “duros” de republicanos y los demócratas, a los que se oponen oficialistas más progresistas y los “libertarios” entre las filas de la oposición. También Obama estaría en contra, pero la posición del presidente es siempre controvertida y abierta a interpretación, en especial si se tiene en cuenta que el mandatario sigue adelante con la guerra en Libia sin contar todavía con una autorización explícita del Congreso.

En sus más de 900 páginas, el proyecto de ley de gastos de defensa para el año fiscal 2012 incluye en la provisión 1034 una “afirmación del conflicto armado” con Al Qaeda, el grupo fundamentalista considerado responsable de los atentados del 11 de setiembre del 2001 contra el Pentágono y las torres gemelas de Nueva York. Y también contra los talibanes afganos y cualquiera de sus “fuerzas asociadas”.

En estos párrafos, se recuerda que el país está comprometido “en un conflicto” con esos grupos radicales y que “esas entidades siguen representando una amenaza para Estados Unidos y sus ciudadanos, tanto a nivel doméstico como en el exterior”.

Aún más, el proyecto indica que el presidente “tiene la autoridad para utilizar todas las fuerzas necesarias y apropiadas durante el conflicto armado vigente” con Al Qaeda, los talibanes y sus “asociados”. Este amplio permiso para el presidente “incluye la autoridad para detener combatientes” prácticamente en todo el mundo, “hasta que concluyan las hostilidades”.

“Nadie puede legítimamente decir” que las leyes que dan marco legal en Estados Unidos a la lucha contra los grupos fundamentalistas islámicos “no necesitaba ser actualizada”, afirmó uno de los impulsores del texto, el diputado republicano Mac Thornberry, de Texas. Según el legislador, la ley lo único que hace es “aclarar la autoridad para lo que estamos haciendo en este momento”.

En una declaración distribuida el pasado martes 24, la Casa Blanca advirtió que Obama vetará la ley de gastos de defensa si incluye la provisión de la “worldwide war authority” o recorta el poder del ejecutivo para procesar judicialmente a los detenidos de la cárcel de Guantánamo, en particular la voluntad del gobierno de llevar a algunos de ellos ante tribunales civiles en territorio continental norteamericano.

La Casa Blanca fue tajante es su negativa a promulgar la ley de defensa si “desafía la autoridad del ejecutivo” para “determinar cuándo y cómo procesar detenidos” de Guantánamo. Pero menos terminante cuando se trató del proyecto de ley 1034. En este caso, la Casa Blanca dijo solamente que la “worldwide war authority” “recaracteriza el alcance” de la lucha contra los grupos fundamentalistas islámicos y se declaró preocupada por la posibilidad de que se cree “confusión sobre los estándares aplicables” en este frente, como podría ser el polémico marco legal que argumentó Estados Unidos para justificar la incursión del 2 de mayo último en Paquistán para matar al jefe de Al Qaeda, Osama bin Laden.

En todo caso, la administración Obama dejó una puerta abierta para el proyecto 1034: “como mínimo –señaló-, este es un asunto que amerita una consideración más extensiva antes de su posible inclusión” en la ley de defensa.

El proyecto deberá llegar al Senado en junio entrante y por ahora, a pesar de la amenaza de veto de la Casa Blanca, las posibilidades de que la provisión siga con vida “son significativas”, según explicó a Apro el director de la oficina de Legislación y Seguridad de la organización Human Rights First, Dixon Osburn.

Para empezar, el texto cuenta con un fuerte “apoyo bipartidario”, añadió Osburn, quien recordó que los senadores John McCain, republicano por Arizona, y Joe Liberman, independiente por Connecticut, “introdujeron un proyecto de ley muy similar” en la Cámara alta.

Tras la aprobación de la ley de presupuesto de defensa, la organización Human Rights Watch sumó su protesta: afirmó que la Cámara de Representantes “mostró un pobre sentido del liderazgo al deslizar dentro de un proyecto de segura aprobación provisiones que, en realidad, lastiman los esfuerzos estadunidenses contra el terrorismo”.

“Ahora está en manos del Senado asegurarse de que estas provisiones innecesarias y poco inteligentes no se conviertan en parte permanente de las leyes de Estados Unidos”, afirmó Laura Pitter, una vocera de HRW.

Osburn, por su parte, remarcó que el proyecto 1034 “revive la idea de que existe una guerra global contra el terrorismo que Estados Unidos debe afrontar”. El experto reconoció que la ley, tal como salió del comité de Fuerzas Armadas de la cámara de diputados, “le da permiso al presidente para usar tropas dondequiera se considere que existe una amenaza de Al Qaeda, los talibanes” o los ambiguos “asociados”, un “término muy amplio que incluye tanto a aquellos que apoyan directa o indirectamente a los grupos terroristas”.

Este “permiso” para Obama y sus sucesores en la Casa Blanca está siendo discutido, mientras en Estados Unidos y en el mundo todavía se siguen escuchando voces que ponen en duda la legalidad de la acción de los comandos de la marina estadunidense que terminó con la vida de Bin Laden.

Osburn dijo que en Human Rights First “creemos que, bajo las layes de la guerra, la muerte de Bin Laden fue legal”, porque se trataba de “un combatiente que orquestó los ataques del 11 de setiembre del 2001” y que, “aunque cruzó la frontera entre Paquistán y Afganistán (donde las tropas de Washington marcharon a la guerra de manera “legal”), el jefe del grupo fundamentalista seguía siendo un “blanco legítimo”.

En cambio, para el activista David Swanson la operación militar que terminó con Bin Laden fue sencillamente “un asesinato” y un ejemplo del “doble estándar” aplicado por Estados Unidos.

“Los comandos de la marina tuvieron órdenes de matar, por lo tanto se trató de un asesinato”, dijo Swanson en entrevista con Apro. Y si bien el Pentágono no tiene mayores problemas en llevar adelante un operativo de este tipo en territorio extranjero, Washington “nunca toleraría secuestros o asesinatos en territorio estadounidense”.

Un proyecto como el 1034 podría resolver a nivel doméstico las dudas legales acerca de operaciones militares como la del 2 de mayo último en Paquistán o “legalizar” la guerra en Libia, señaló Swanson.

Además, agregó que si una legislación semejante termina siendo aprobada, en el presupuesto de defensa para el próximo año fiscal o cualquier otro, “éste y cualquier otro futuro presidente podrá lanzar una guerra virtualmente en cualquier lugar, sin preocuparse por obtener la autorización del Congreso”.

Según el entrevistado, el proyecto de ley sólo refleja la creciente preocupación de Washington por aumentar sus gastos militares y encuadrar legalmente sus acciones en el extranjero. “Es el peor jamás considerado por el Congreso porque le da al presidente el poder de lanzar guerras de manera unipersonal y encarcelar gente sin juicio”.

Asimismo, prosiguió, hace retroceder en los hechos a Estados Unidos “por lo menos dos siglos, desde cuando se impusieron límites constitucionales” a los mandatarios y se impidió que pudieran actuar como los antiguos reyes.

En varias oportunidades después de los atentados del 11 de setiembre del 2006, reportes de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados señalaron la presunta presencia en América Latina de pequeños grupos relacionados de alguna manera con Al Qaeda y con otras organizaciones fundamentalistas. En el 2004, por ejemplo, el FBI lanzó un alerta sobre Adnan Shukrijumah, un piloto saudita señalado como posible líder de una célula de Al Qaeda, quien habría sido visto en Honduras en su camino hacia México, para cruzar la frontera hacia Arizona o Texas, con la intención de cometer atentados al otro lado del borde. Otros reportes indicaron presuntos lazos de Al Qaeda con los carteles del narcotráfico, en un supuesto matrimonio de conveniencia basado en dinero y zonas de influencia que abren rutas a las drogas en Europa y África.

¿Podrían estos informes sustentar una eventual incursión “anti-terrorista estadunidense en México si se aprobara el proyecto 1034? “En teoría, si”, admitió Osburn, de Human Rights First. La sección 1034 daría –explicó-- luz verde a la Casa Blanca si existen indicios de la presencia de Al Qaeda, los talibanes o sus “asociados”, aunque “bajo las leyes de guerra es difícil justificar un blanco si no está directamente asociado a los ataques del 11 de setiembre”.

“Es altamente improbable que cualquier presidente vaya a mandar aviones sin piloto o tropas a México contra un eventual líder de Al Qaeda teniendo en cuenta la relación de Estados Unidos con México, pero esta ley lo permitiría”, afirmó Osburn.

Más allá de la ley de defensa para el año fiscal 2012, en Estados Unidos “sigue habiendo un debate sin resolver sobre cómo enfrentar de la mejor manera la amenaza de los terroristas donde sea que se encuentre”, añadió Osburn.

De acuerdo con el experto, esta situación “se cubre por el miedo, y por un malentendido general sobre las herramientas que el gobierno tiene a su disposición para enfrentar las amenazas”.

Para Osburn, lo ideal sería que estas “amenazas” fueran enfrentadas –como lo son en parte ahora- por el trabajo conjunto del Departamento de Estado, el ministerio de Justicia y el Tesoro “alrededor del mundo en colaboración con nuestros aliados”. Esta posición, completó, “debería entrar al debate para que el Congreso no vuelva a caer en el ejército como única solución, pero hasta ese momento seguramente veremos nuevas propuestas parlamentarias a favor de una respuesta sostenida en la fuerza militar”.